Lo que abajo figura es el comunicado publicado por la Conferencia de Decanos y Directores de Educación sobre el llamado RD 3+2 aprobado el pasado 30 de enero de 2015 en Consejo de Ministros.
“Ante los cambios propuestos desde el Mº de Educación para la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales que supone la modificación de los anteriores RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, la Comisión Permanente de La Conferencia de Decanos y Directores de Educación manifiesta su más profundo rechazo de la propuesta, haciendo suyo el rechazo ya expresado por la Conferencia de Rectores (CRUE) y el propio dictamen del Consejo de Estado. Consideramos una falta de respeto –que se puede calificar de frivolidad-, el plantear un cambio de este calado sin el más mínimo dato ni evaluación que demuestre su necesidad, y precisamente a la puerta de la primera evaluación, de la renovación de la acreditación de muchos títulos universitarios comenzados a implantar en el curso 2009/2010 y 2010/2011. Se está obviando el que, por lo menos en lo que hace referencia a los títulos de educación, ya se incorporaron muchas mejoras y necesidades sugeridas por diferentes agentes educativos. En el caso de Educación Social y Educación Infantil y Primaria fue precisamente el hecho de pasar de una diplomatura de 3 cursos a un grado de 4 lo que lo permitió. Con esta decisión, por el contrario, se abre la puerta a la confusión y a posibles situaciones discriminatorias entre alumnado de diferentes centros y universidades. Precisamente el proceso comenzado en Bolonia introdujo la novedad de la obligatoriedad de implantar Sistemas de Garantía Interna de Calidad, de manera que tanto los centros y las universidades hagan rendición de cuentas de su trabajo, lo que para muchos trabajadores y profesorado universitario, con todos los matices y críticas que se puedan hacer, ha supuesto un avance y una mejora. ¿Por qué sin esperar a esta primera evaluación se propone una reforma de este calado y en contra de la opinión de sus principales agentes responsables, las universidades? Ante la falta de una evaluación que aporte el más mínimo dato no queda más que pensar en un nuevo proceso que quiere imponer una visión mercantilista del sistema educativo universitario, encareciéndolo e impulsando su privatización. Por consiguiente manifestamos nuestro profundo rechazo tanto al contenido del nuevo decreto como a su forma de tramitación. Es por ello que en referencia a los títulos que nos toca, los de educación, reivindicamos el mantenimiento de la ordenación de 240 créditos en 4 años de grado para los títulos de Educador Social y Pedagogía. En cuanto a los estudios de Educación Infantil y Educación Primaria, que en tanto que títulos regulados no han sufrido la reordenación, en el caso de que se planteara algún tipo de modificación o reforma de los actuales procesos de acceso a los estudios, consideramos imprescindible la participación de los responsables de las Facultades de Educación y de esta Conferencia en la toma de decisiones que se determinen”.